EL CONFLICTO TERRITORIAL ENTRE COLOMBIA Y NICARAGUA

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El conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que establecía que la Costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían al Gobierno de Managua, mientras que el Archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana.

Sin embargo, el límite que había tomado como referencia el meridiano 82 se convirtió en motivo de controversia en 1980. La Junta Sandinista que gobernaba en Nicaragua declaró nulo el acuerdo y exigió la soberanía sobre San Andrés y Providencia, alegando que 50 años antes no estaba reconocido el derecho al mar y que la adhesión al tratado fue bajo la intervención de los Estados Unidos en el país.

Finalmente, en diciembre de 2001, Nicaragua presentó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, una demanda contra Colombia por los territorios, que incluía también a Santa Catalina. Desde Colombia, el Gobierno de Álvaro Uribe consideró que la declaración de nulidad del pacto fue unilateral y, por lo tanto, violatoria de la legislación internacional. Sobre este argumento presentó su apelación ante la Corte.

En 2007, se realizaron las primeras audiencias en La Haya, aunque Uribe se negó a reconocer la competencia de la CIJ para tratar el asunto. El 20 de julio, con un desfile militar celebrado por el presidente colombiano en San Andrés, con motivo del Día de la Independencia, elevó la tensión a su punto máximo. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega lo consideró una “provocación”. Al año siguiente, ambos países romperían relaciones.

La Corte remarcó que la soberanía de las islas era colombiana, pero se declaró competente para mediar de todas formas en el conflicto. Durante 2008 y 2009, ambos países presentaron sus memorias y sus contra memorias sobre el litigio marítimo ante la Corte de La Haya.

http://www.infobae.com/2012/11/19/1061694-colombia-nicaragua-un-conflicto-que-lleva-30-anos

El dictamen de La Haya le otorgó a Nicaragua el pasado mes de noviembre los derechos económicos sobre una zona de mar Caribe de más de 75.000 kilómetros cuadrados, y le concedió al país suramericano la soberanía sobre siete cayos, dos de ellos enclavados, que hacen parte del archipiélago colombiano de San Andrés.

Sin embargo, y pese a que es de carácter inapelable, Bogotá desconoce el fallo de la CIJ. En ese sentido, Santos explicó que los límites del país están establecidos por la Constitución y que “sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República”.

El gobierno de Nicaragua aún no ha reaccionado a la alocución de Santos este lunes en la noche.

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130909_ultnot_santos_fallo_cij_nicaragua_lav.shtml

En una alocución presidencial, este lunes por la noche Juan Manuel Santos presentó la estrategia que adoptará su gobierno frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, que ha redefinido los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, quitándole al primero cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar.

Tras diez meses de consultas con abogados nacionales e internacionales, Santos anunció que dicho fallo no es aplicable y aseguró que su país ha tomado cuatro decisiones que buscan consolidar los derechos de los colombianos sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, una serie de islas e islotes al norte del país. Cabe recordar que la decisión de la CIJ ratificó la soberanía colombiana sobre ese archipiélago pero le entregó una gran porción de mar a Nicaragua, por lo que desde entonces los dos países han chocado por los límites marítimos.

La primera decisión revelada por Santos es precisamente que Colombia considera que el fallo no es aplicable “hasta que se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos”. Santos –quien empezó su alocución diciendo que para los colombianos este fallo es indignante–, sustentó su argumento en lo dispuesto por la Constitución colombiana, que señala que los límites del país solo podrán modificarse “en virtud de tratados aprobados por el Congreso”. El presidente aseguró que defenderá esta posición en las instancias a las que tenga que llegar.

Además el mandatario colombiano dijo que demandará el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional para que “reafirme que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados por un fallo de la CIJ”. El Pacto de Bogotá es un tratado internacional que le da jurisdicción a la Corte de La Haya en litigios con otros países y del cual se retiró Colombia una semana después de conocerse el polémico fallo, precisamente para evitar nuevas demandas de Nicaragua.

La segunda decisión que tomó Santos es declarar, a través de un decreto presidencial expedido este lunes, la existencia de una “zona contigua integral”, lo que quiere decir que Colombia une todos los territorios insulares en el mar Caribe occidental donde seguirá ejerciendo soberanía. Santos explicó –señalando en un mapa– que esta zona permitirá administrar adecuadamente el archipiélago de San Andrés y sus aguas para controlar la seguridad y proteger los recursos.

Esta zona se extiende desde los cayos de Albuquerque y las islas este-sudeste hasta el cayo de Serranilla, lo que incluye las islas e islotes de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Quitasueño, Serrana y Roncador, entre otros.

La otra medida tomada por el gobierno colombiano es reafirmar la protección de la reserva marina Seaflower, donde los pescadores colombianos han trabajado por siglos. Esta zona es una reserva mundial de la biósfera que antes del fallo pertenecía íntegra a Colombia, sobre la que Nicaragua también pretendía que la Unesco le reconociera derechos y sobre los que el organismo internacional aseguró el 30 de agosto pasado que no tenía competencia. A principios de agosto, la cancillería colombiana envió una nota de protesta a Managua por haber supuestamente ofertado bloques de exploración petrolera en territorios que incluyen Seaflower. El gobierno de Ortega negó que lo hubiera hecho.

Por último, Santos anunció que Colombia se está preparando para nuevas peticiones de Nicaragua, a las que llamó con insistencia “ambiciones expansionistas”, como la última, en la que este país busca que la CIJ le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del archipiélago de San Andrés, y que en palabras del presidente colombiano busca “privar (a Colombia) de recursos y es tan absurda que extendería la jurisdicción de Nicaragua a 100 millas de la costa de Cartagena”. De ahí que el decreto expedido este lunes haya definido una plataforma continental integrada desde San Andrés hasta Cartagena.

“No estamos solos en esta decisión”, dijo Santos, quien aseguró que Colombia buscará frenar dicha expansión suscribiendo una carta de protesta en compañía de Panamá, Costa Rica y Jamaica, al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para advertirle sobre las pretensiones de Nicaragua de aumentar sus fronteras saltándose los tratados de límites vigentes con estos países en el Caribe. Para Santos esta es otra de las razones que no permite que se aplique el fallo de la CIJ.

Hace tan solo una semana, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le propuso a Santos crear una comisión binacional para poner en práctica el mencionado fallo.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/10/actualidad/1378787551_203882.html

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