La Asamblea Nacional de Venezuela retoma sus funciones.

El gobierno de Venezuela y su presidente han quedado en entredicho; la primera intención de despojar de inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) tuvo una inmediata repercusión internacional.

La marcha atrás de disolver la AN ahora es vista como precipitada y una torpeza del Palacio de Miraflores.

Con la actual Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, oponiéndose, contundentemente, contra la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, una Venezuela desorientada, se convulsionó.

Días antes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, había dado su apoyo a la decisión de la Sala  y se alegró de que se le quitaran las competencias a la AN para que las asumiera el Poder Judicial y el presidente Maduro. Una situación delicada que no fue desautorizada por ningún funcionario bolivariano y permaneció bajo el salvoconducto del silencio de Maduro.

Ayer sábado con la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela cerrada, por encontrarse en “mantenimiento”, la prensa venezolana comunicó que este tribunal había emitido aclaratorias sobre las sentencias  155 y 156, que otorgaban al presidente Nicolás Maduro, junto al Poder Judicial, las atribuciones de la  Asamblea Nacional mientras ésta se mantuviese en desacato.

Sin embargo las sentencias fueron suprimidas y se regresó la inmunidad parlamentaria y el pleno derecho de función a la Asamblea Nacional.

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, a través de twitter dijo que Maduro conocía las sentencias porque las redactaron en su despacho de Miraflores.

Henry Ramos Allup ‏@hramosallup

El bicho dice q no conocía las sentencias y la redactaron en su despacho d Miraflores procurador chimbo y hampones salainconstitucionaltsj

Esta situación ha dado nuevos bríos al Secretario General de la OEA, Luís Almagro, quien ha convocado una reunión extraordinaria para el próximo lunes 3 de abril para tratar la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y considerar, de nuevo, su informe presentado la semana pasada.

El artículo 20 se refiere al caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Por tanto el asunto es mucho más grave de como lo ha  presentado el presidente de Venezuela: convocar al Consejo de Defensa de la Nación para “resolver” el “impase”.

Ajustándose o no a la ley constitucional, el gobierno bolivariano mostró sus cartas y colocó a su país en una situación de emergencia internacional, obligando al gobierno de Maduro a despejar dudas sobre el que las decisiones se redactaron en su propio despacho; las declaraciones de Cabello en nada han ayudado al proceso revolucionario.

La convocatoria solicitada al Consejo Permanente de la OEA celebrará la reunión extraordinaria a las 14:00 EDT (18:00 GMT) en la sede de la OEA en Washington, DC, esta sesión es convocada a petición de 20 países de la región: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Brazil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.

participa@latinpress.es

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